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PODER JUDICIAL – LEX 100

UN GRAN ERROR EN EL SISTEMA llamado lex 100

El sistema informático LEX 100 se implementó con la promesa de agilizar los procesos judiciales, pero en los últimos años generó más problemas que soluciones. Ineficiencias, irregularidades y denuncias penales que forman parte de una serie de entramados políticos y comerciales dieron nacimiento a uno de los mayores dolores de cabeza del Poder Judicial de la Nación.

¿Qué es en teoría el LEX 100?

Cabe recordar que LEX 100 es el sistema informático de gestión de expedientes Judiciales, software único e integrando, multifuero, multitarea y multiinstancia que permite, entre otras tantas aplicaciones, las notificaciones electrónicas y copias digitales de expedientes.

 

 

¿Qué es en la práctica?

El LEX 100 es un sistema informático deficiente que con el tiempo se transformó en el nuevo gran aliado tecnológico de los empleadores y ART incumplidoras ya que termina siendo otro de los eslabones que conforman la gran maquinaria que contribuye al retraso de los cobros de los créditos laborales.

 

 

Nacimiento legal.

La implementación de medios electrónicos y digitales es un proyecto que tuvo su paso inicial en 2011, con la sanción de la Ley 26.685. Esta ley dispuso "la utilización de expedientes, documentos, firmas, comunicaciones, domicilios electrónicos y firmas digitales en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación".  Poco tiempo, después, la Corte dictó la Acordada 31/2011 en la que dio el primer paso a la digitalización, anunciando la instalación de un Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos (SNE).

En ese tramo, la Corte dictó las acordadas 3/2012, 8/2012, 29/2012, 14/2013, 15/2013, 24/2013, 35/2013, 36/2013, 38/2013, 43/2013, 2/2014, 6/2014, 11/2014 y 3/2015 que continuaron con la reglamentación del sistema.

El sistema es de aplicación obligatoria para el Poder Judicial de la Nación a partir del 2 de mayo de 2016.

 

 

Inauguración del Data Center.

Durante el acto de inauguración del Data Center (15 de diciembre de 2010) el ex presidente de la CSJN, Ricardo Lorenzetti, aseguró: “Esta obra significa mejorar el servicio de justicia, hacerlo mucho más rápido a través de la incorporación de tecnología para facilitar el acceso de todos los ciudadanos”.

Por su parte, el ex presidente del Consejo de la Magistratura Luis María Cabral aporto ésta reflexión: “Esto es un hecho histórico que va a permitir transformar la forma de trabajo judicial y dar una respuesta más eficiente a los reclamos de aquellos que necesitan de la Justicia”.

Como puede apreciarse existe un abismo inmenso entre ese sueño utópico de Lorenzetti y de Cabral y lo que actualmente representa el sistema LEX 100 para toda la comunidad de abogados y empleados judiciales.

 

 

La “Sala Cofre” del Data Center.

El centro de datos del Poder Judicial (Data center) es el lugar físico donde se encuentra la famosa "Sala Cofre" en donde están instalados los servidores que almacenan todos los expedientes electrónicos (Declaraciones, resoluciones, peritajes, presentaciones, sentencias, entre otros). Está ubicado en la calle Lavalle 1246/50.

Según la empresa de arquitectura Panedile (Empresa que estuvo a cargo de la construcción del data center) la Sala Cofre es lugar construido con paredes de acero, sin ventanas y que responde a una serie de normativas internacionales de protección y seguridad en el que trabajan exclusivamente operadores y personal de seguridad responsable de la operación de los distintos dispositivos montados en dicha sala.

El edificio del data center tiene una superficie cubierta de 2.200 M2, la sala cofre tiene una superficie de 225 M2 y se utilizaron 25.000 Kg de acero para construirla.  

Entre las medidas de seguridad se destacan: Sistema cerrado de video que monitorea el lugar y recaudos que permiten mantener la integridad de la información frente a factores de riesgo como las variaciones de temperatura, humedad, vapor, polvo, campos magnéticos, radiaciones, movimientos sísmicos, fuego, falta repentina de electricidad, y la intrusión indebida o no autorizada de personas. Además, la sala puede soportar fuego, agua y hasta el impacto de una explosión, sin dañar los archivos de datos.

 

 

¿Cómo fue el camino para llegar al sistema LEX 100?

Primer antecedente: Groso y las computadoras con telarañas que se tildaban a cada rato.

Durante el gobierno español de Felipe González entre España y Argentina se celebró un acuerdo denominado Focoex (Fomento del Comercio Exterior) que consistía en convenios de “cooperación y amistad” y dentro de los cuales se otorgaban a la Argentina préstamos blandos del Fondo de Ayuda para el Desarrollo del gobierno español. En Argentina el encargado de manejar esa operación era Karim Yoma quien en ese entonces era el funcionario que manejaba el Comercio Exterior de la Cancillería Argentina. Gracias a éstos convenios Argentina podía acceder a servicios y productos de origen español que eran abonados con los préstamos otorgados por el gobierno español. Las licitaciones que se utilizan para dichas contrataciones eran condicionadas, ya que sólo empresas españolas podían participar.

Pese a lo elevado de su cotización y siempre al amparo de esos convenios firmados entre la Argentina y España el empresario español Eloy Gómez Gutiérrez (En ese entonces representante de la empresa APD -Algoritmos, Procesos y Diseños-) vendió 400 computadoras a la municipalidad de la Capital Federal (Gestión del fortinero Carlos Grosso). Pero lo curioso de ésta adquisición era que dichas computadoras contaban con procesadores viejos, casi obsoletos (Las 400 computadoras eran modelo 286 cuando en el mercado del momento ya se usaban las PC 486). Estas computadoras fueron utilizadas en el Hospital Fernández para el manejo de las historias clínicas, pero nunca funcionaron bien ya que se tildaban a cada rato.

 

 

Segundo antecedente: Sercobe-Transtools.

Posteriormente, a mediados de la década de los 90, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió informatizar los juzgados civiles de capital federal y tomó la decisión de abrir una licitación donde participaron IBM, Unisys y Sercobe-Transtools (Empresa de Eloy Gómez Gutiérrez), pero la CSJN eligió el proyecto del empresario español Eloy Gómez Gutiérrez.

A los pocos meses ésta licitación terminó en un escándalo ya que se inició una investigación en el juzgado federal Nº 2 a cargo del juez Jorge Ballestero. Según la denuncia la CSJN había pagado un sobreprecio por el sistema informático y además todos las computadoras e impresoras que habían comprado eran todas antiguas. Según un comunicado de la CSJN el material adquirido eran procesadores Pentium y Pentium Pro dentro de Towers (Gabinetes) marca Olivetti y que las impresoras de chorro de tinta eran de marca Hewlett Packard. Sin embargo, el ingeniero Ariel Garbarz (Titular de la cátedra de Informática de la UBA) había mencionado que los procesadores de las PCs adquiridas eran las más lentas y las de menor capacidad de memoria del mercado. Según Garbarz cuando a finales de 1997 los juzgados civiles comenzaron a recibir las computadoras los procesadores que están contenían ya no se fabricaba más y los chips de memoria eran muy lentos. La causa judicial terminó en la nada.

En síntesis, el poder judicial había recibido computadoras antiguas y obsoletas con un sistema informático que dificultaba consultar jurisprudencia o legislación on line e impedía responder las consultas de los abogados sobre casos en trámite.

A causa de éste escándalo la CSJN un año después volvió a hacer una nueva licitación donde ésta vez fue elegida la empresa Unisys Sudamericana SRL por la cual se le adjudicó un contrato cuyo objeto consistía en la provisión integral de equipamiento, sistemas y servicios informáticos, en reemplazo de los vigentes en aquélla época en las dependencias del Poder Judicial de la Nación. Años después los directivos de Unisys Sudamericana SRL terminarían siendo investigados por el juez Federal Rodolfo Canicoba Corral por brindar un servicio totalmente vulnerable e inseguro a la acción de hackers. Casi al mismo tiempo el Estado Argentino demandó Unisys para que le devuelva más de 5 millones de dólares por incumplimientos de los ítems dispuestos en el contrato administrativo de licitación y por los daños y perjuicios ocasionados.

 

 

El nacimiento de LEX 100: ¿La tercera es la vencida?

En 2010, con el aval de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura convocó a una licitación para que el poder judicial tuviera un sistema informático que le permitiera a jueces y abogados no sólo la consulta on line de expedientes, sino también presentar escritos, hacer notificaciones y, en términos generales, gestionar los expedientes en forma digital. El objetivo sería reemplazar los expedientes de papel por expedientes digitalizados.

A dicha licitación se presentaron cuatro empresas: Sistemas Jurídicos-Octomind, Editorial La Ley-Ley West (Thompson-Reuters), Atos Origin-Base 100 y también Unitech-Indra (Ésta última se encarga del cómputo de votos en las elecciones nacionales). 

La empresa Base 100 está vinculada a Eloy Gómez Gutiérrez (Que a su vez es propietario de Sercobe-Transtools). Como puede apreciarse nuevamente nos encontramos con este empresario español.

Durante el proceso de licitación tanto Editorial La Ley-Ley West (Thompson-Reuters) como Unitech-Indra presentaron pedidos de impugnación ante el Consejo de la Magistratura ya que según estas empresas existieron ciertas irregularidades y ciertos procedimientos que beneficiaban a la UTE Atos Origin-Base 100. Estos pedidos de impugnación no tuvieron recepción favorable.

Finalmente resultó adjudicataria de la licitación la UTE Atos Origin-Base 100 por una suma cercana a los 64 millones de pesos.

 

 

Síntomas de un sistema colapsado: ¿Cuáles son las fallas del LEX 100?

El sistema informático LEX 100 se ha vuelto un padecimiento para los abogados, peritos y empleados judiciales por las continuas fallas e innumerables complicaciones.

Es común que un usuario del LEX 100 se tope con problemas a la hora de acceder al portal, como así también en la incorporación de piezas judiciales, envío y recepción de notificaciones electrónicas, y consulta de causas judiciales. Es común que el sistema colapse los días de nota dentro del horario hábil.

Los servidores destinados al poder judicial no son los adecuados. Son viejos y no reciben el mantenimiento adecuado. Existen fallas en la conectividad, lo que implica que el sistema “se cuelgue”, lo que dificulta la tarea de todos los operadores de la Justicia.

Pero del otro lado, el sistema aparece lento, se sobrecarga e impide que los usuarios "suban" información al instante, lo que implica un mayor cúmulo de tareas.

 

 

¿Cuáles son los motivos del mal funcionamiento del LEX 100?

El tema referido al presupuesto económico y a la planificación en cuestiones informáticas es un tema clave que tanto el Consejo de la Magistratura y la CSJN siempre manejaron de manera despreocupada. Siempre se destinó un presupuesto pobre y la costumbre de remendar las fallas del sistema son señales de que al poder judicial no le importa llevar a cabo su principal función: Impartir justicia.

La falta de mantenimiento y actualización del centro de datos de la calle Lavalle lleva varios años y es una bomba de tiempo que nadie logra desactivar.

Desde que se inauguró el data center de la calle Lavalle no se hicieron chequeos ni mantenimientos en los sistemas de monitoreo del hardware y software, no se hacen los recambios de los equipos de enfriamiento de los servidores, no existe un plan de mantenimiento preventivo para que el sistema no se caiga a cada rato. Los servicios prestados por la empresa contratada para que brinde el servicio de DDoS (Provisto por Level 3 SA) para que el sistema no se tilde a cada rato y que impida la caída del mismo ante el ingreso diario de los usuarios no funciona correctamente. Estos incumplimientos por parte de Level 3 SA han sido motivo de varias multas por sumas irrisorias. Prueba de esto es el caso de los días martes y viernes donde es casi imposible ingresar o dejar nota electrónica. El servicio de DDoS falla cuando se sobrecarga el sistema y se termina cayendo.

El servicio de fibra óptica es otro de los grandes problemas. Cuando se ésta se corta por más que todo lo demás funcione bien nadie puede entrar al sistema. También existió una mala bajada de la capacitación sobre el conocimiento técnico al personal judicial (Falta de know-how).

En conclusión, la madre de todos los problemas es la falta de un presupuesto económico que permita realizar inversiones en recursos tecnológicos y humanos para corregir el sistema informático. Por ende, deben mejorarse los servidores y las computadoras que utilizan en los juzgados, como así también la conectividad existente entre ambos (Mejor fibra óptica, cableado, antenas, hubs, etc).

 

 

El escándalo del sorteo en la causa Nisman.

El año 2016 fue testigo de un gran escándalo que se armó con otro fallo del sistema LEX 100 durante el sorteo del expediente por la muerte del fiscal Alberto Nisman en el fuero federal. Ese día el sistema LEX 100 mostró en pantalla de la computadora que el juzgado a cargo de la investigación iba a ser Sebastián Casanello, pero a los pocos segundos el sistema se “tildó” y así estuvo las horas siguientes, hasta que Gabriel Mehlman (En ese entonces el Director General de Tecnología del Consejo de la Magistratura) ingresó al Data Center y manualmente “detrabó el sistema. Cuando se volvió a poner en marcha el sistema y se sorteó nuevamente la causa el sistema informático indicó que el juez que debía investigar el caso era Julián Ercolini.

Después de lo ocurrido se le abrió un sumario administrativo a Mehlman por iniciativa de Juan Carlos Cubría (Hijo de la jueza Servini de Cubría) que en ese entonces era Administrador General del Consejo de la Magistratura lo cual motivo después que Mehlman fuese desplazado de su cargo. Pero a los pocos días de ocurrido dicho desplazamiento Mehlman regresó a su cargo cuando el Consejo de la Magistratura sostuvo que el hijo de la jueza Servini de Cubría no tenía atribuciones para echarlo.

Según el libro “El señor de la Corte” de Natalia Aguiar el ex presidente de la CSJN (Ricado Lorenzetti) otorgó absoluta protección a Gabriel Mehlman en ese episodio.  Al punto tal que poco tiempo después (A Principio del 2017) Juan Carlos Cubría renunciaría a su cargo.

En la actualidad Gabriel Mehlman continua sus funciones dentro del Consejo del Magistratura, pero como coordinador de la Unidad de Modernización, Innovaciones Tecnológicas y Proyectos Especiales.

Este episodio muestra que el sistema LEX 100 es sumamente vulnerable y totalmente manipulable.

Actualmente estas irregularidades sobre el sorteo de la causa Nisman están siendo investigadas por el juez Bonadio.

 

 

Denuncia de Monner Sanz.

Durante el 2016 una supuesta estafa por 64 millones de pesos tras la contratación de un software que ya pertenecía a la justicia fue denunciada ante el fuero criminal federal por el abogado Ricardo Monner Sans. La causa está radicada en el juzgado del juez Ariel Lijo y el fiscal Guillermo Marijuán es el encargado de impulsar la investigación

Según el Dr. Monner Sans el sistema LEX 100 adquirido a ATOS ORIGIN –  BASE 100 S.A es una versión mejorada del que originalmente proveyó la firma Unisys (Antiguo sistema del fuero civil) ya que sus desarrolladores eran antiguos integrantes de Unisys. La conclusión de Monnsr Sans es que el sistema LEX 100 se trata de un producto “reciclado” del sistema que diseñó Unisys.

Los delitos denunciados por Monner Sans son lo de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales y encubrimiento.

 

 

Investigación de María Servini de Cubría.

Hace casi 2 años que la jueza María Servini de Cubría comenzó a investigar si el sistema LEX 100 es manipulable a la hora de hacer sorteos de causas en la Justicia Federal. A causa de esto la jueza llevo a cabo varios allanamientos en la dirección de Informática del Consejo y un peritaje que encomendó a la División Cibercrimen de la Policía Metropolitana y el Departamento de Seguridad Informática de la AFIP.

Del peritaje realizado surgieron datos alarmantes. El primero de ellos indica que el ingreso a la sala cofre de la calle Lavalle donde se encuentran los servidores del actual sistema informático LEX 100 es de muy fácil ingreso ya que no cuenta con protocolos de permisos o credenciales de personal autorizado. Es más, los peritos agregaron un dato de color, ya que durante el peritaje entraban y salían personas que no se sabe quiénes eran.

El peritaje también advirtió que las cámaras de seguridad instaladas en la sala cofre del data center tenían puntos ciegos, concretamente del sector de ingreso y en cada pasillo. Esto quiere decir que el sistema de video vigilancia es muy limitado. Tampoco existe una alarma para el caso de que la puerta de ingreso quede abierta.

El dato más alarmante del informe pericial es que el usuario y contraseña que permite crear, borrar, modificar permisos, archivos, usuarios, entre otras cosas en el servidor era usado por la mayoría del personal. En virtud de esto cualquier persona con esa llave de acceso podían ingresar y realizar cualquier operación sin control y sin que quede registro de quien llevo a cabo algún ingreso o modificación en el sistema. Entre esas posibles modificaciones se encuentran, incluso, eventuales alteraciones a los textos de los expedientes.

Otro dato revelador del informe pericial es que los servidores pueden ser manipulados desde la sala cofre o de manera remota, es decir, desde una computadora ubicada en cualquier parte del planeta.

Los peritos informáticos también constaron que la licencia con la empresa Oracle Corporación que brindaba soporte técnico al sistema informático del poder judicial estaba vencida hacia como 2 años, esto implica que todos los datos que se resguardaban en los servidores corren de peligro de poder perderse o sufrir daños.

En conclusión, el sistema LEX 100 es un sistema vulnerable, manipulable, sin respaldo técnico y no cumple con los requerimientos mínimos de seguridad informática. Si mañana alguien decide borrar toda la base de datos nadie podría impedírselo. Podría decirse que teniendo en cuenta todas éstas falencias, los problemas de lentitud y dificultades de ingreso que cada día viven los abogados quedan en un segundo plano. El problema que no vemos es mucho más grande y angustiante para una justicia que además de lenta se asienta un sistema informático frágil.

 

 

El último apagón.

A finales del mes de mayo de éste año se produjo el último y gran apagón del LEX 100 lo cual generó fuertes cruces y lavadas de manos entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura.

La Corte fue la primera en salir a deslindarse de responsabilidades al informar que no era su problema, que desde hace tiempo venia alertando sobre la falta de inversión para el mantenimiento del sistema informático y que el responsable era el Consejo de la Magistratura.

Un mes antes de la caída del LEX 100 el Dr. Jorge Rizzo (Presidente del CPACF en ese momento) en una entrevista para el portal del Centro de Información Judicial resaltaba las bondades del LEX 100 y de los beneficios que día a día otorgaba a todos los operadores de la justicia, pero el día del apagón informático se olvidó de manera repentina de todo eso y tuvo que presentar un escrito al presidente de la CSJN para solicitar la feria judicial por tiempo indeterminado hasta que el LEX 100 vuelva a ser operativo.

Por su parte el Consejo de la Magistratura publicó un comunicado en donde informaban que están extremando todos los recaudos posibles para que el sistema pueda ser subsanado.

Hasta el día de hoy nada cambió y la falla en el sistema es algo de todos los días.

 

 

El gran hermano judicial.

El LEX 100 al ser un sistema vulnerable no impide que el gobierno de turno o algún grupo económico contrate un escuadrón de hackers para poder ingresar a los expedientes sacar información, modificarla o borrar todo un expediente.

El gobierno o cualquier empresa puede saber qué causas judiciales existen en su contra, en que juzgado quedo radicada, cambiar los jueces, que abogados lleva el expediente, que testigos están presentado en la causa. Pueden saberlo todo y hacer una base de datos paralela con los expedientes y perfiles de los jueces, abogados y demandantes.  

 

 

El LEX 100 español.

España sufre desde hace un tiempo un problema similar a la Argentina con su sistema informático judicial que se llama LEXNet.

Desde su implantación (2016) numerosos abogados y jueces vienen criticando una larga lista de errores técnicos y de diseño del LEXNet, ya que el mismo es un sistema lento, que se tilda y que en vez de acelerar los procesos judiciales está entorpeciendo la labor de todos los operadores de la Administración de Justicia. Las caídas del sistema español van cabeza a cabeza con las caídas que sufre nuestro LEX 100.

Hace unos meses atrás un especialista en seguridad informática descubrió que el sistema LEXnet tenía una importante falla en el sistema de seguridad que permitía acceder a cualquier expediente ajeno, así como notificar o borrar cualquier sentencia del poder judicial español. Al descubrir éste especialista dicha falla informática notificó vía Twitter de la misma al responsable a la cuenta de soporte de LEXNet. Un par de horas después los técnicos del Ministerio se dan cuenta y desconectan el servidor de la red dejando sin servicio a todo el poder judicial y a todos los abogados españoles. A éste buen samaritano informático no solo no le dieron las gracias, sino que cuatro días más tarde, el Ministerio de Justicia lo denunció por acceso irregular e ilegal a sus sistemas.

Lo peor de todo es que a pesar de todos los reclamos de los abogados españoles al ministerio de justicia y el poder judicial español, éstos se niegan a facilitar el código fuente del sistema, como también mantienen en secreto buena parte de los datos relativos a las contrataciones realizadas para el desarrollo de este sistema, el nombre de las empresas adjudicatarias y las cantidades de dinero que le cobraron.

En el poder judicial español los jueces cuentan con computadoras que tienen un promedio de antigüedad de casi 10 años.

Raimundo Prado (Vocero de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AFV) sostiene: “Esta bochornosa brecha de seguridad en nuestro sistema informático es el fiel reflejo de la situación estructural de la Justicia, la gran olvidada en España, donde no se invierte y, cuando se invierte, se hace mal".

Al parecer la Argentina sigue en su costumbre de seguir importando todo lo malo del exterior. ¿Casualidad o avivada de algunos empresarios? 

 

 

17/09/2018

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