AFTE  Abogados del Fuero del Trabajo en Emergencia.

La cuestión de la industria del juicio no es un tema nuevo, ni exclusivo de este gobierno oligarca. Las Aseguradoras son tan pero tan poderosas, que han contribuido, y aún más, gestado el colapso judicial, el cual les cerraba por todos los costados.

Siempre fue inferior la litigiosidad a la siniestralidad. O sea siempre reclamaron unos pocos accidentados, el resto se dejó acostar o en muchos casos fue a tratar sus patologías no enlistadas o “inculpables”, a través de su obra social.
Las compañías siempre trabajaron con el dinero que deberían haber abonado y frente a ello fueron premiadas con el diferimiento temporal del pago (Cada vez más prolongado) y tasas que nunca acompañaron a la depreciación del peso.

Siempre ganaron, siempre. Hicieron colapsar los tribunales a causa de sus incumplimientos y fueron instalando de a poco la idea de la industria, de la mafia, y todas esas pavadas. 
Hoy la Justicia, con los retrasos de los actos procesales tanto en la tramitación del juicio, como en las ejecuciones, beneficia a la deudora, que por vencida que fuera, luego de las sentencias, sigue teniendo fuerzas para burlar a su antojo al órgano jurisdiccional y pagar cuando se le canta, o cuando le deja de ser conveniente seguir trabajando ese dinero que le pertenece al obrero accidentado. 

Estas empresas, han tenido en todo momento leyes que protegieron sus intereses frente a los de los trabajadores. Eternamente fue así. Nunca una LRT benefició al trabajador. 
La presión económica de los industriales y las aseguradoras, pudo verse reflejada, tanto en el Congreso, como en el Ejecutivo desde la creación misma del sistema. 
Lo que nunca pudieron digerir, es que el Poder judicial no se someta a sus conveniencias. 
Con esto digo, que siempre hubo una esperanza, ni más ni menos que la interpretación de la ley por parte de esos jueces descarriados que no aceptaron las órdenes y una CSJN, que a la larga, terminaba aplicando la CN y los principios rectores del derecho del trabajo, que enmarcan la tutela del trabajador.

Hoy ese panorama no parece ser igual. Y ojo que siempre se acomodaron las Cortes a beneficio del poder de turno, pero hoy hay un diseño de ingeniería jurídica, estratégicamente aplicado, que pareciera marcar otra era en materia de derechos.

Los derechos son casi los mismos, pero la interpretación no parece ser imparcial. Eso es preocupante. 
Y no hablo solo de la Corte, sino de algunos jueces de primera instancia que evidentemente no están preparados para llevar adelante semejante cargo y prefieren deshonrar el cargo para el que fueron designados, y tomar la propuesta impulsada por los industriales y las aseguradoras, de que deshaciéndose de los juicios por accidentes van a poder sanear su juzgado y la justicia.  No lo creo, cuando uno es inútil para comandar un barco, el barco se hunde, si no le entra agua por ahí, le entrará por otro lado. No es solo una opinión, sino que lo reflejan las pruebas. 
Siempre se habló de la industria del juicio y ha estado en la cabeza de muchos presidentes. Desde la creación misma de las ART, allá por el 1995, de la mano de Carlos Menem, comenzaban a restringirse derechos constitucionales del trabajador accidentado. 
Pero no hay que olvidar, que fue Cristina Fernández, quien luego de su desamor con Moyano, y cuando perdía fuerza su imagen, no pudo con la presión económica, y porque no política, de las compañías aseguradoras y las industrias, y tuvo que modificar una ley inconstitucional, proponiendo otro sistema inconstitucional. Allí se debilitó fuertemente la noción de la reparación integral del daño, generando a priori un sistema tal malo como el anterior, pero con algunas grietas, que a la postre, nos fue cerrando a nosotros los abogados, porque, por un lado, las sentencias de reparación integral muchas veces no se cobraban completas sino solo hasta el límite de la póliza, y las indemnizaciones se fueron reduciendo. Lo importante es que aún nos permitía el acceso a la justicia (Por sus inconstitucionalidades manifiestas). Se avanzó luego con actualizaciones más beneficiosas, que marcaban diferencia y engrosaban las indemnizaciones.

En resumen , yendo por la acción sistémica se obtenían reparaciones más justas que antes y con mucha menos prueba, lo cual auguraba un proceso más rápido.
Hasta aquí, si bien es cierto que no había sido aquella la intención inicial, en el último gobierno de Cristina, se había logrado, casi sin querer queriendo, que el trabajador pudiera accionar judicialmente en procura de una indemnización, tarifada al fin, pero se obtenían sentencias relativamente “justas”.

Y por otra parte, se había logrado, en un porcentaje muy alto, eliminar las demandas hacia los empresarios o los empleadores.

No había mucho más que hacer, no hacía falta, solamente se podría haber nutrido a los juzgados de personal capacitado a tal efecto y dar curso a las acciones.
Soy un convencido de que el sistema de riesgos no fue asesinado exclusivamente por este gobierno , sino que es un sistema que se fue debilitando con el tiempo, y no es menos cierto que el gobierno anterior ya le había dado un golpe muy duro.
Lo que resulta irreversible, es la decisión de buena parte del poder judicial, de acompañar esta nueva ley, a pesar de contar con sobrados elementos para declarar su inconstitucionalidad, tal como lo han realizado diversos tribunales de la Capital y de la Provincia de Buenos Aires.
Por lo demás, vale destacar que esta nueva ley no podría haber sido sancionada sin el aval (Tácito o expreso) de la CGT.

Interpreto que el método utilizado por el gobierno de turno para obtener el aval, o mejor dicho, para que no se opongan expresamente, ha sido un viejo y siniestro sistema de investigar, en este caso, a los sindicalistas. Sabemos todos, que investigar a un sindicalista, y encontrar razones para llevarlo a prisión, resulta más sencillo que robarle un chupetín a un niño de su mano. 
La posición de Garavano y de Triaca, cada uno en su puesto, ha sido fundamental, para diagramar esta estrategia. 

Hoy Triaca, se despide con honores de su puesto y Garavano parecería tener más poder que la Corte Suprema.

Ojalá me equivoque y sea una apreciación incorrecta de la cuestión.

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¿QUIEN ES EL CREADOR DE LA INDUSTRIA DEL JUICIO?

LABORAL - A.R.T

19/11/2018

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Por Matias Desalvio