AFTE  Abogados del Fuero del Trabajo en Emergencia.

Que vengo por esta vía a plantear la inconstitucionalidad del Artículo 17 inc. 3º y 2º 2do párrafo de la ley 26.773, así como el Art. 2º in fine de la Ley 27.348 por causar un gravamen irreparable al contradecir expresamente Derechos Constitucionales que poseen protección prioritaria.

La norma bajo análisis viola claramente los artículos 14, 16, 17, 18 y 75 incisos 19, 22 y 23 de la Constitución Nacional.

La Ley N° 26.773 demuestra en el presente Art. 17 Inc. 3 una postura inconstitucional, arbitraria, y alejada totalmente tanto de la realidad del abogado como del trabajador hiposuficiente al que este representa en los reclamos por accidente de trabajo / enfermedad profesional.

La misma responde sin duda alguna a intereses sectoriales de los grupos económicos (empresarios y aseguradoras) en total detrimento de la parte actora y los letrados que las representan.

En la mayoría de los casos la opción de firmar un pacto de cuota litis es la única posibilidad del trabajador hiposuficiente de acceder al asesoramiento y asistencia letrada, toda vez que, ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos que implica el inicio de una demanda judicial, pacta con el profesional un porcentaje sobre el éxito de la gestión.

Este accionar le garantiza al trabajador la posibilidad de acceder a la instancia judicial con patrocinio profesional, a la par que resguarda la justa retribución del abogado por la tarea realizada.

La imposibilidad de acceder a pactar con el abogado sus honorarios tiene como único fin desalentar el reclamo judicial, desprotegiendo al trabajador, cercenando su legítimo derecho de acceso a la justicia.

En resumidas cuentas, al menoscabar el derecho de los abogados a una retribución por sus tareas, estos deben optar por rechazar los reclamos de reparación integral de los trabajadores enfermos o accidentados, o en su defecto renunciar a su derecho alimentario y laborar “pro bono”.

Esta es una elección imposible e injusta, que deja desprotegido y sin abogado a una enorme cantidad de trabajadores, “maquillando” la realidad al disminuir la “alta litigiosidad" no mediante la reducción de la siniestralidad, la correcta aplicación de la prevención y el control de las medidas de seguridad, sino mediante el impedimento del ingreso de dichos reclamos a la Justicia. La injusticia de dicho accionar deviene palmaria.

En resumidas cuentas, el Artículo 17 Inciso 3° de la ley 26.773, violenta un sinnúmero de preceptos constitucionales entre los que se encuentran:

  • Art. 14 CN: Violenta el Derecho a Trabajar y Ejercer Industria Licita.
  • Art. 14 Bis CN: El cual es menoscabado, siendo los abogados también trabajadores, y sus honorarios la justa retribución por sus labores. El artículo dice: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador… retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea…” Todos estos extremos son violentados al aniquilar toda posibilidad de firma de Pacto de Cuota Litis, legislándose de manera desproporcionada y causando un mal mayor tanto a los letrados como a los trabajadores que representan.

A este respecto ha fundamentado la reconocida Dra. Ferreirós: “No paso por alto que la Ley 26.773 (B.O. 26-10-2012) luego de hacer una remisión al mencionado art. 277 de la L.C.T., en las acciones judiciales previstas en su art. 4, último párrafo, expresamente dispone la inadmisibilidad del pacto de cuota litis (v. art. 17, inc. 3). En esta cuestión en análisis, existen dos bienes jurídicos que el legislador pretende proteger –y no está mal-: la integridad de lo que debe recibir el trabajador como indemnización por un lado y, por el otro, los honorarios del profesional, que también tienen naturaleza alimentaria. De seguirse el lineamiento de la nueva ley, no habría una merma proporcional como en el anterior régimen, sino directamente la supresión de un derecho alimentario que le corresponde al abogado, quien también es un trabajador, resultado esto último, por ser un perjuicio mayor, inaceptable.” (Del voto en Minoría de la Dra. Ferreirós - Fallo Plenario N° 329 Acta N° 2.634, "VALLEJO, CARLA NATALIA LORENA c/ LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. s/ ACCIDENTE – LEY ESPECIAL")

  • Art. 16 CN: Menoscaba el Derecho a la Igualdad al autorizarse al abogado a celebrar un Pacto de Cuota Litis en cualquier rama del derecho (incluso dentro de esta misma rama), pero de manera arbitraria prohíbe el pacto en el caso de los infortunios profesionales 
  • Art. 17 CN: Derecho de Propiedad. Ya que este tratamiento atenta contra los derechos patrimoniales tanto del letrado (quien se ve imposibilitado de cobrar honorarios por sus tareas), como del trabajador (que difícilmente podrá reclamar sus justos derechos sin el patrocinio correspondiente).
  • Art. 18 CN: Literalmente se busca desaparecer el Derecho de Defensa de los trabajadores, al “quitar” a los abogados de los reclamos por infortunios profesionales, instando los tramites sin patrocinio jurídico. De esta manera se limita las posibilidades de reclamo de los trabajadores a aceptar lo que las ART deseen ofrecerles. Art. 75 Inciso 19 CN: Contradice la prescripción allí establecida que reza: “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social…”
  • Art. 75 Inciso 23 CN: Se violenta el mencionado al legislar de manera regresiva y en perjuicio tanto de los abogados como de los trabajadores. No existe un motivo válido y legal para prohibir el pacto que un trabajador puede celebrar con su abogado que tiene en miras participar única y exclusivamente si el trabajador obtiene un resultado exitoso en el proceso. La norma en cuestión no supera el control de Arbitrariedad, no hallando fundamentos concretos vinculados al real ejercicio de los derechos del trabajador, y a la práctica real y efectiva de la profesión. La mencionada prohibición torna abstractos e impracticables los derechos de los trabajadores, negándoles el patrocinio para poder reclamarlos.

El artículo atacado no solo violenta la Constitución Nacional, sino que se encuentra en clara violación al derecho supranacional. La Declaración Americana de los Derechos Sociales del Trabajador (También denominada “Carta Internacional Americana De Garantías Sociales o Declaración De Los Derechos Sociales Del Trabajador” de Río de Janeiro, Brasil, 1947), se encuentra suscrita por Argentina, y la obliga como Estado Americano, tal como lo ha señalado en numerosos precedentes la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tanto al ser materia del Ius cogens no requiere ratificación ulterior por el ordenamiento interno y debe ser acatada por los Estados Parte, integrando el corpus iuris de los derechos humanos, de la moral universal y el patrimonio jurídico de la humanidad (Corte IDH, OC Fallo 2003/09/17). De esta manera, al observar su Artículo 25 que dice "Los trabajadores intelectuales independientes y el resultado de su actividad deberán ser objeto de una legislación protectora", se torna evidente la violación y regresividad del Art. 17 Inc. 3 de la Ley 26.773. En adición, crea también un conflicto entre normativas del mismo rango legal, atento a que contradice en forma abierta la Ley N° 21.839 que en su Artículo 4° dispone que “Los profesionales podrán pactar con sus clientes que los honorarios por su actividad en uno o más asuntos o procesos consistirán en participar en el resultado de estos…”, así como con la Ley Nº 20.744 que permite el Pacto de Cuota en su Art. 277 limitándolo al 20%. Como podrá notarse dicho Pacto de Cuota Litis tiene requisitos formales insalvables que no de no cumplirse llevan a la nulidad del mismo. Dichos requisitos formales, como ser redactado por escrito, denunciado en el expediente, ser ratificado en persona por el trabajador y luego ser homologado por el Juez, son requisitos que aseguran al trabajador de un abuso o delito por parte de un abogado inescrupuloso o con poco apego a la ética profesional. También para seguridad del trabajador, dicho artículo prohíbe al abogado cobrar en nombre de este (cuestión que no sucede en las otras ramas del derecho).

 

EL PLENARIO “VALLEJO” NO CUMPLE LOS REQUISITOS DE FORMA, POR ENDE ES INAPLICABLE. 

Al analizar la validez de los plenarios “Couto de Capa y Tulosai” la Dra. Daniela Ducros Novelli1 dice: Sabido es que, y así lo destaca acertadamente Recalde Leandro en su Artículo “Sobre la ilegalidad del Plenario CNAT Tulosai”, publicado en DT 2010 (enero). Ed. La Ley, “…tanto las leyes, en sentido formal o material, como las sentencias de toda naturaleza, ven supeditada su validez, legalidad y legitimidad, al cumplimiento de un proceso preestablecido que encausa la norma o sentencia dentro del marco de la ley…”. Esto es indispensable para que dicha norma o sentencia pueda insertarse dentro del marco normativo, o al menos así debería ser dentro de un estado de derecho. Al dictar el citado “plenario Vallejo”, si es que tal acto merece ser llamado de esa forma, 21 eran los camaristas que se encontraban en funciones en la CNAT de un total de 30 que se requieren para integrarla totalmente.

Dicha conformación (21 camaristas) hubiera sido suficiente para obtener la mayoría absoluta de dicho órgano que se requiere para la válida emisión de un fallo de estas características, tal como manda el Art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, que en su parte pertinente dice: “En todas las decisiones de las cámaras nacionales de apelaciones o de sus salas intervendrá la totalidad de los jueces que la integran. Sin embargo, en caso de vacancia, ausencia u otro impedimento, del que debe haber en todos los casos constancia formal en los autos, la decisión podrá ser dictada por el voto de los restantes, siempre que constituyan la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara o Sala y que concordaran en la solución del juicio.”

De acuerdo a como la define la Real Academia Española, la mayoría absoluta es, matemáticamente, la mitad más uno de los votos. Por lo general, en los sistemas parlamentarios -y por extensión en cualquier órgano colegiado público o privado- se dice que es necesaria la mayoría absoluta cuando la votación sobre un asunto sometido a su consideración requiere para su aprobación, una mayoría igual o superior a la mitad más uno de los miembros del órgano en cuestión. En el caso puntual, el reglamento no establece que la mayoría absoluta debe considerarse sobre los miembros presentes.

De tal suerte que, si la mayoría absoluta de los miembros presentes no representa la mayoría absoluta de los miembros totales del órgano, no da lugar a la aprobación del acuerdo. Demás está decir que se tienen en cuenta como miembros en el cómputo no sólo a quienes puedan ejercer en ese momento su derecho a votar, sino también a aquellos que por diversos motivos no hayan podido; bien por encontrarse ausentes, enfermos o haber cesado si el relevo de los mismos no se ha producido. Hasta aquí no hay reproche posible, ya que la CNAT al tener 21 camaristas en funciones, sin lugar a dudas tenía derecho a reunirse. Sin embargo, la mayoría absoluta necesaria para emitir doctrina plenaria debió haber sido al menos de 16 camaristas (la mitad más uno de sus miembros). Sin embargo, dicha mayoría no fue alcanzada en este caso. En efecto, de las 21 voces presentes, 15 de ellos votaron en sentido negativo2 y 6 en sentido positivo3 (por la validez de los pactos de cuota litis entre letrado y trabajador).

De tal forma, la Excelentísima Cámara fijó doctrina plenaria con 1 voto menos de los que necesitaba para hacerlo, ya que no alcanzó el mínimo para conformar la mayoría absoluta. Por lo tanto, a nuestro entender el plenario “Vallejo” no es realmente un plenario, ni tampoco puede ser catalogado como una sentencia anómala, y por supuesto carece de capacidad para proyectar sus efectos a otros casos en donde se debatan las mismas cuestiones.

En cuanto a las disposiciones emanadas de los Arts. 288 a 303 del CPCCN, las mismas resultan aplicables al dictado de plenarios, sin embargo y siguiendo nuevamente a Recalde Leandro en su Artículo ya mencionado: “en relación a las mayorías necesarias para el dictado de un plenario válido, el CPCCN es poco elocuente haciendo una vaga mención en su artículo 299 que resulta insuficiente para resolver algunas de las cuestiones que pueden plantearse en los casos concretos tales como el caso de marras”. Puede afirmarse que, el Art. 299 CPCCN regula una situación de normalidad, es decir, para el caso de integración de la cámara sin detenerse a considerar coyunturas anómalas como la actual, cuestión que delega en la norma reglamentaria (Reglamento para la justicia Nacional).

Esto es así ya que la norma superior fija el lineamiento, da directivas generales y la norma inferior regula las situaciones especiales y más puntuales.

Es importante señalar que además ambas normas en nada se contradicen, sino todo lo contrario, se complementan. Por lo tanto, si bien es cierto que resultan aplicables los Art. 288 a 303 del CPCCN, no es menos cierto que los mismos no prevén la situación descripta en el presente como es la desintegración de la cámara, ni tampoco que sucedería en caso de licencia, excusación, vacancia, u otro impedimento que pudieran tener los camaristas, como si lo hace el Art. 110 del Reglamento para la Justicia Nacional que dispone lo siguiente: “Cuando los jueces hábiles no constituyeran la mayoría absoluta de la Cámara o Sala o cuando existiendo esa mayoría no concordaran en la solución del juicio, las cámaras o salas serán integradas por el número de jueces necesarios para reunir mayoría absoluta de votos concordantes, en la forma dispuesta por el Art. 31 del Dec. Ley 1258/1958”.

Dichos “plenarios” caen entonces bajo las previsiones del segundo párrafo del Art. 110 del Reglamento para la Justicia Nacional, ya que no existió mayoría absoluta de jueces con votos concordantes. Por lo tanto, el procedimiento a seguir debió haber sido el del Art. 31 del Dec. Ley 1258/1958 tal como prescribe el Art. 110 del Reglamento para la justicia Nacional y dicho decreto establece que: “la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se integrará por sorteo entre los demás miembros de la Cámara (integración de Salas), luego del mismo modo por sorteo con los jueces de la Cámara de Seguridad Social de la Capital Federal y luego también por sorteo con los jueces de primera instancia del trabajo”.

De tal forma, todo indica que tal situación de desintegración debió ser resuelta, o bien con el nombramiento por sorteo de camaristas de la Cámara de Seguridad Social de la Capital Federal en primer lugar, o de jueces de primera instancia del trabajo en segundo; o bien esperando el nombramiento de los nuevos camaristas para integrar totalmente la Cámara. Obviamente ninguna de estas cosas se produjo, y nos encontramos hoy con este dislate jurídico. Por lo demás, tampoco sería atendible el argumento de que el Reglamento para la Justicia Nacional sea una norma inferior al CPCCN, ya que la misma es una norma de derecho positivo vigente y su aplicación directa, salvo que, previo hacer un análisis de la constitucionalidad de la misma se hubiera solicitado y luego declarado su inconstitucionalidad, lo que tampoco ocurrió, muy por el contrario directamente se obvió su existencia.

Por otro lado, por aplicación de lo normado en el Art. 297 del CPCCN, debió verificarse con anterioridad al dictado del plenario esta situación anómala de desintegración de la cámara, para establecer como quedarían conformadas las mayorías y minorías dejándose constancia en el expediente tal como manda el art. 109 del Reglamento, cuestión que fue pasada por alto. En virtud de todo lo expuesto en este apartado, doctrina y jurisprudencia citada, solicitamos que V.S. declare la inconstitucionalidad de los mencionados artículos de la Ley de Riesgos de Trabajo y la invalidez del denominado “Plenario Vallejo N° 329” por incumplir los requisitos formales para su dictado.

 

CONCLUSIÓN.

Por los fundamentos extensamente expuestos en los apartados anteriores, planteo la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 12, 14, 15, 16 y 21 de la Ley 27.348, los artículos citados de las Leyes 26.773 y 24.557, y de todos y cada uno de sus decretos y ordenamientos reglamentarios.

 

INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 17 INC. 3 DE LA LEY 26.773 Y DEL PLENARIO Nº 329 “VALLEJOS”.

Nahuel Altieri - Director de Altieri Legal

www.altierilegal.com

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LABORAL - PLENARIO VALLEJO

En un análisis pormenorizado se describen los motivos por los cuales el Plenario Vallejos es completamente inválido por por no cumplir con los requisitos formales. También se plantea la inconstitucionalidad del Art. 2 in fine de la ley 27.348 pot violar el art. 14 bis cn, art. 75 inc. 22 CN. El objetivo del presente artículo es que el mismo pueda ser utilizado por los colegas como acápite dentro de sus correspodientes reclamos ante la justicia naciona del trabajo.

11/02/2019