AFTE  Abogados del Fuero del Trabajo en Emergencia.

ART - LEY 27.348

20/05/2018

CONFLICTOS DE COMPETENCIA TERRITORIAL DERIVADOS DE LA ADHESIÓN A LA LEY 27.348 EN LA PCIA. DE BS. AS

Se explica la incertidumbre y el grave daño a los justiciables que provoca la diversa e inesperada interpretación adoptada por los Tribunales de la Provincia de Buenos Aires frente a los conflictos de competencia territorial derivados de la adhesión provincial efectuada a la Ley complementaria del sistema de Riesgos del Trabajo N° 27.348. 

GÉNESIS DEL CONFLICTO

Entendemos que el origen del problema radica en que la Provincia de Buenos Aires ha adherido sin reserva alguna -plene adhaerendum- a través de la ley provincial 14.997 (B.O. del 8/1/2018) a la reforma efectuada por la Ley 27.348, complementaria del sistema de Riesgos del Trabajo.

Cabe recordar que mediante ella se estableció el paso por las Comisiones Médicas (CCMM) como un trámite previo, obligatorio y excluyente para que un trabajador accidentado o enfermo dirima el carácter laboral de su afección, el porcentaje de incapacidad atribuible al siniestro o a las condiciones ámbito laborales y las prestaciones (dinerarias o en especie) que recibirá en virtud de este sistema.

A su vez, la ley 27.348 es reglamentada por la Resolución 298/17 de la SRT que establece el procedimiento en las CCMM y sus vías recursivas para el caso de disconformidad con el porcentaje de incapacidad dictaminado y/o las prestaciones liquidadas.

En la interpretación armónica e íntegra del conjunto normativo mencionado, la competencia territorial para el acceso a la Justicia de un trabajador siniestrado deviene de la vía recursiva que se instaura frente a los Dictámenes de Clausura de la CCMM respectiva, o en su caso, por el vencimiento del plazo preestablecido sin que se haya podido culminar la etapa (excede a este artículo el abordaje de la temática “mero vencimiento del plazo administrativo” vs. “silencio de la administración”). Es decir, que en principio, ateniéndonos a los textos legales hasta ahora mencionados (Ley 27348 art 1 y 2, Resolución 298/17 art 5 incorporados al plexo normativo provincial a través de la adhesión vía ley 14.997, las opciones de competencia territorial predeterminadas por este esquema para acceder a la tutela judicial son: a) domicilio del trabajador; b) lugar donde este se reporte; c) lugar de prestación del trabajo. Resultan efectivamente las opciones predeterminadas para el acceso a la tutela judicial ya que de conformidad al art 1 de la Ley 27.348 serán competentes para intervenir en los recursos que se interpongan los Tribunales correspondientes al domicilio de la CCMM que intervino. Es decir, en este diseño de acceso a la jurisdicción, la CCMM que se elija en primer término impondrá el Tribunal de Trabajo que actuará en segundo.

Llegado este punto se torna necesario mencionar que las CCMM se hallan diagramadas por la Res. 326/17, 23/18 y 9/19, que han determinado una CCMM y/o Delegación por cada una de las Cabeceras Judiciales creadas por la ley provincial 5827, las que hasta el momento no existen en su totalidad y han venido a romper el mapa judicial de tribunales de trabajo competentes en razón del territorio.

Para graficar una situación (conflicto interjurisdiccional) que puede repetirse en distintos Departamentos Judiciales de la PBA, pongo el siguiente ejemplo: un trabajador tiene su domicilio real en Avellaneda, se reporta y presta servicios en el ámbito de la CABA, teniendo su empleador domicilio en Florencio Varela. El trabajador podría optar por radicar su trámite ante la actual CCMM 37 de Lanús en función de su propio domicilio real y luego su eventual apelación debería tramitar ante los Tribunales de Trabajo de Lanús (opción del domicilio real trabajador y tribunal correspondiente al domicilio de la CCMM que antes intervino).

Cabe mencionar, siguiendo este ejemplo, que todos los Tribunales de Trabajo de Lanús han declarado constitucional la adhesión efectuada por la ley provincial 14.997, sin haber dejado a salvo la inaplicabilidad de ninguno de sus artículos.

Hasta aquí, el camino parecía ser bastante lineal en función de dos posibles escenarios:

Opción 1) en aquellos Tribunales que aceptaban la adhesión al nuevo sistema, la CCMM elegida en función de la nueva triple opción (domicilio actor, lugar de reporte, domicilio del demandado) era la que determinaba el posterior Tribunal.

Opción 2) en aquellos Tribunales que declaraban inconstitucional la adhesión, seguía vigente la vieja triple opción de la ley 11.653 cuyas variables no fueron modificadas por la reforma de la 15.057 (domicilio del demandado, lugar de prestación del trabajo, lugar de celebración del contrato).

Entre la nueva y la vieja opción solo hay una variable coincidente que es la del lugar de prestación del trabajo.

 

 

ESTADO ACTUAL DE INCERTIDUMBRE

Con el devenir de los recursos interpuestos ante las correspondientes CCMM comenzó a desarrollarse un conflicto de concurrencia normativa para la atribución de competencia en función del territorio, y en otros casos, vacíos legales, que aparentemente no habían sido ponderados en su magnitud al darle luz verde a la adhesión.

Tal es así que han sido numerosos los fallos de los Tribunales que pese a haber validado previamente la constitucionalidad de la adhesión sin salvedades sobre su articulado, luego resolvieron que el art 3 de la ley 11653 prevalecía sobre el diseño de la Ley 27348 por ser materia procesal reservada a las Provincias (art 75 inc 22 de la CN). Afirmación dogmática esta última con la que no puedo estar más de acuerdo, de no ser porque en el caso se olvidaron de decretar la inconstitucionalidad sobre el art 1 de la ley 27348 en forma previa. Pues así, los fallos dejan las dos normas vigentes (la provincial y la nacional) y las hacen concurrir cuando en realidad una debiera ser inconstitucional en territorio provincial y por tal motivo no concurrir a la contienda confrontativa.

En los expedientes que por alguna de estas interpretaciones que se están dando corresponderá  pasar de la Provincia de Bs.AS. al ámbito de la CABA, se advierte que su trámite es imposible por no poder cumplirse los requisitos del Acta 2669 CNAT, toda vez que al no existir un expediente administrativo con radicación en la CCMM de CABA, se torna de imposible cumplimiento la tramitación allí impuesta, sin perjuicio de mencionar que los Juzgados Nacionales del Trabajo en su mayoría entienden plenamente válido el diseño de la nueva triple opción de competencia que se deriva de la ley 27.348; ergo, si el expediente administrativo tuvo su desarrollo en una CCMM provincial, es allí donde debe continuar, conforme “Juzgado o Tribunal correspondiente al domicilio de la Comisión Médica que intervino”, razonamiento este que no lesiona su coherencia interpretativa.

Todo este panorama arroja como resultado que en aquellos Tribunales de Trabajo Provinciales en cuya localidad hay una CCMM radicada (Ej. Lanús ) verán llegar los Recursos/Acciones en contraposición al vaciamiento de aquellos tribunales en cuya localidad no hay Comisión Médica. (Ej. Avellaneda).

Lamentablemente, en los numerosos planteos de inconstitucionalidad sobre la ley 27348 y la ley de adhesión provincial,  estos problemas ya se habian advertido por casi todos los juristas y letrados que los replicaron. Sin embargo, los juzgadores hicieron caso omiso. La buena noticia es que frente a esta realidad los jueces pueden cambiar de criterio si así se los aconseja un nuevo análisis del tema. O la SCBA podría arrojar luz al al conflicto mediante una reglamentación.

La pésima novedad es que el panorama brevemente reseñado ha originado numerosos expedientes con conflictos negativos de competencia que se hallan camino a la SCBA, con los graves perjuicios que ello ocasiona a los justiciables: varios años de dilación hasta que se resuelva el Tribunal competente, lo que es igual a la licuación de su crédito derivada de una inflación promedio estimada del 50% anual y tasa del 25%, mientras se dirime su acceso a la tutela. Es decir, primero se le restringe al trabajador el acceso a la tutela judicial efectiva a través de un trámite obligatorio que viola la Constitución Provincial (art 15 sobre acceso irrestricto a la Justicia) y luego se lo demora con conflictos negativos de competencia. “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía” (Séneca, Filósofo 2 AC 65). Asimismo, coloca al letrado en grave riesgo de perder al cliente que no entiende de demoras. No nos olvidemos que se trata de un ser humano enfermo y con alta chance de resultar excluido del mercado laboral en un país en crisis permanente.

 

 

CONCURRENCIA DE NORMAS PARA DIRIMIR LA COMPETENCIA TERRITORIAL.

Como fuera dicho, la Provincia de Buenos Aires adhirió SIN RESERVAS al art. 4 ley 27.348, delegando jurisdicción administrativa a favor de la Nación en los  siguientes términos: "La adhesión precedentemente referida, importará la delegación  expresa a la jurisdicción administrativa nacional de la totalidad de las competencias  necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3° del presente y en el apartado 1 del artículo 46 de la ley 24.557 y sus modificatorias, así como la debida adecuación, por parte de los Estados Provinciales adherentes, de la normativa local que resulte necesaria.".

Esta adhesión sin reservas efectuada está en concordancia con la “delegación expresa” del artículo 4 ley 27.348, que requiere sea  “de la totalidad de las competencias” provinciales.-B.O. el 8 de enero de 2018.-

Por un lado, la ley de adhesión por la que la provincia de Buenos Aires aceptó y asumió esta competencia no puede establecer otras condiciones o requisitos que modifiquen las condiciones impuestas por la misma. El Estado Provincial se limitó a acertar la competencia en los límites y condiciones impuestos en la ley nacional, por lo cual cabe entender que ha aceptado la modificación de su legislación local procesal e incorporado la “nueva triple opción”. (Dejando a salvo aquellos Tribunales que han decretado la inconstitucionalidad de la adhesión).

Para quienes interpretan, aun sin declaración de inconstitucionalidad mediante, que el art 3 de la ley 11653 (ratificada por la ley 15057) prevalece por sobre otras opciones cabe recordar que la nueva triple opción deriva de una ley posterior que prevalece sobre la anterior, norma que a su vez tiene superior jerarquía por ser emanada del Congreso de La Nación y además es especial para la materia que regula. Por lo tanto, se colige que habiéndose aceptado la adhesión y su incorporación al plexo normativo provincial, la ley provincial 11653 se ve desplazada por la ley nacional 27348, ya que (a) la norma de rango superior prevalece siempre sobre la inferior; (b) la norma más reciente, sobre la más antigua; y (e) la norma especial, sobre la general . No se escapa que también podría discutirse la especialidad de la ley provincial 11653 en materia procesal por sobre la ley 27348.

De lo cual no se advierte, sin declaración de inconstitucionalidad mediante sobre la ley 27348 en el ámbito provincial, como es posible que frente a la misma se le pueda otorgar la prevalencia pretendida.

No soslayo que podría verse este conflicto como entrecruzamiento normativo entre fuentes (leyes) de distinto origen (ley nacional vs ley provincial) frente a lo cual la prelación en el Derecho Laboral, salvo excepciones, hace prevalecer la norma más favorable al trabajador cualquiera sea su rango; y así, la ley general innova en la especial y la más antigua puede sobreponerse a la más nueva, si son más favorables, pero no a la inversa. En el caso específico, cuando un trabajador opta por la competencia de la Comisión Médica del lugar de su domicilio, está ponderando su cercanía al servicio de Justicia y claramente le es más favorable esta jurisdicción que otra más lejana.

Lo cual menciono porque el art 39 de la Constitución de la Provincia de Bs.As. ha receptado la aplicación de los principios de justicia social, progresividad e interpretación a favor del trabajador, a lo que se suma el principio protectorio consagrado en los art 9 y 11 LCT (norma más favorable).

A todo evento, la norma más favorable es una excepción a la jerarquía normativa y nada obsta a la posible aplicabilidad de ambas normas en concurso, es decir, la simultánea vigencia tanto de la antigua como de la nueva triple opción de competencia.

La norma más favorable debe ser resuelta objetivamente, en función de los motivos que han inspirado las normas. Y es justamente en este caso que la condición de mayor favorabilidad no deviene de una apreciación subjetiva de cada uno de los interesados, sino que es condición objetiva y general que responde al motivo inspirador de la norma: facilitar el acceso a la justicia mediante el factor cercanía de la misma con el domicilio del trabajador.

Asimismo, debería respetarse la elección del trabajador de acceder al Juez correspondiente según domicilio de la Comisión Médica que intervino, a fin de cumplir con la manda constitucional del debido proceso y de juez natural, puesto que el trabajador elige la competencia en procura de acceder a la Justicia de su domicilio con basamento en una norma que desconoce le será invalidada posteriormente. Por tanto, desatender y hacer de cuenta que no existen los nuevos diseños de competencia es no tener en consideración la protección de los trabajadores por la que se obliga a los Jueces a allanar cualquier obstáculo y a respetar la PERPETUATIO JURISDICTIONIS - (“Según el principio de la llamada perpetuatio jurisdictionis, la competencia se determina de acuerdo con las normas vigentes al momento de iniciarse el proceso, la cual queda fija e inmutable hasta el final del pleito. CSJ Competencia 39/2014 (50-C)/CS1 “Ahualli, Rolando José y otros c/ CNV s/ mercado de capitales-ley 26.831 -art 143” resuelta el 27 de mayo de 2015.). Entonces, si el proceso se inicia en la Comisión Médica y tan innegable es ello que solo se acude a los tribunales provinciales para revisar las resoluciones que allí se dictan, debe entenderse que en este momento el trabajador elige la jurisdicción y la misma no puede ser a posteriori alterada. Sin embargo, es ocioso mencionar que el trabajador no puede peticionar previamente una declaración de certeza al eventual Tribunal de Trabajo que intervenga, si es que se ve obligado a apelar.

 

 

SOLUCIÓN PROPUESTA.

Para hacer efectiva la aplicación de los principios del derecho del trabajo sin alterar las jurisdicciones provinciales, en forma que no resulte violatoria del principio de protectorio , no puede menos que reconocerse que las provincias han tenido que delegar al Congreso Nacional algunas limitadas facultades procesales, pues de otro modo resulta imposible validar el sistema de Comisiones Médicas y su diseño de posterior acceso a la tutela judicial efectiva.

¿Cómo compatibilizarlo con el sistema constitucional de autonomías provinciales que debe asegurar la administración de justicia?

Entiendo que ello puede tener asidero asegurando un esquema de reparto competencial que respete al principio de perpetuatio jurisdictionis, a través de una regulación que de modo indubitable establezca la vigencia de ambos esquemas de elección de competencia territorial, uno por ser el emanado del órgano competente (congreso provincial) y otro por la adhesión que dicho órgano ha efectuado sobre el mismo; adhesión que puede y debe reputarse válida en este específico aspecto ya que no es excluyente del derecho local, torna operativas las diversas cláusulas constitucionales citadas más arriba y los principios que rigen el D.T. que se han tratado de explicar.

PARA ELLO bastará una normativa reglamentaria, tal como ha efectuado la CNAT en el ámbito de la Justicia Nacional por la cual se solicite al trabajador formalizar una nueva opción de competencia a los fines del acceso a la jurisdicción, en el momento en que ésta interponga el recurso de revisión correspondiente, o la acción derivada del vencimiento del plazo administrativo, pasando éste a tener , ahora si, 5 (cinco) opciones Una vez ejercida la opción acorde a reglamentación ad hoc, debe considerarse respetado el principio de perpetuatio jurisdiccione.

Con esta solución se respetan todas las normas en concurrencia, se atiende a un adecuado y proporcional reparto de causas judiciales teniendo en cuenta la radicación de las mismas conforme el diseño de Mapa Judicial de la Provincia de Bs.As. y por supuesto también se hace operativo el principio de progresividad de la Constitución Local y la tutela judicial continua y efectiva.

 

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Dra. Arce y Dr. Giampaoli

Estudio Jurídico Vodeb & Asoc.

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